A partir de la entrada en vigencia parcial del Código Procesal Penal de Salta sancionado por Ley Provincial Nº 7.690, junto con elt raspaso de las funciones d einvestigación penal al Ministerio Público Fiscal, comenzó a regir como principio de organización de dicho organismo extra-poder el de especialización.-
Como consecuencia de ste principio de especialización, por Resolución Nº 231/2012 de la Procuración General de la Provincia de Salta, del 04 de mayo de 2012, se creó en el Distrito Judicial Centro, una FISCALÍA PENAL DE DELITOS ECONÓMICOS COMPLEJOS, con asiento en la Ciudad de Salta Capital.-
La Resolución Nº 231 delimita la competencia de esta nueva FISCALÍA para tres categorías de causas. A saber:
(1) infracciones penales de orden tributario
provincial previstas en la ley 24769 (modificada por ley Nº 26735)
sancionadas con pena de hasta seis años de prisión que se cometan en el
Distrito Judicial del Centro.-
En este punto cabe recordar que una de las novedades que aportó la Ley Nacional Nº 26.375 de reforma del Régimen Penal Tributario, es la previsión de la posibilidad de comisión de delitos tributarios en perjuicio de los Fiscos Provinciales.-
(2) delitos que ocasionen un perjuicio
económico al Estado provincial o a los estados municipales que tengan
ese límite de pena.-
En esta categoría corresponde ubicar todos aquellos delitos contra la administración pública y aquellos contra la propiedad de la administración pública, cuando tengan por efecto un perjuicio patrimonial para el Estado, sea éste la Provincia o alguno de sus Municipios.-
(3) defraudaciones cometidas en perjuicio de
particulares que presenten especiales dificultades de investigación en
razón de la complejidad de las maniobras ardidosas empleadas o de la
organización de quienes las ejecuten, cuando las infracciones se cometan
en el ámbito del Distrito Judicial del Centro.-
Si bien la norma habla de cierta complejidad, en la práctica todas las denuncias por estafas o defraudaciones están siendo derivadas a la FISCALÍA DE DELITOS ECONÓMICOS COMPLEJOS para su tramitación.-
A continuación transcribimos la REsolución Nº 231 de la Procuración General de la Provincia de Salta, completa, conforme fuera publicada en el Boletín Oficial Nº 18823 del 08 de mayo de 2012.-
RESOLUCION O.P. Nº 100027609
REC. S/C N° 100003728
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18823 el día 08 de Mayo de 2012.
MINISTERIO PUBLICO DE SALTA - PROCURACION GRAL. DE LA PCIA. Nº 231
Salta, 04 de Mayo de 2012
VISTA:
La necesidad de adoptar disposiciones reglamentarias para la implementación de la ley 7690; y
CONSIDERANDO:
Que el esclarecimiento y concreción de la acusación en los casos de
delitos económicos presenta dificultades que pueden derivar de su
modalidad de ejecución, del incumplimiento de regímenes legales
específicos o del grado de organización de quienes los cometen, lo que
demanda ciertamente una especialización de los órganos del Estado
encargados de su persecución.
Que es precisamente esta falta de especialización la que, a criterio de
la Procuración, ha venido conspirando contra una preparación eficiente y
oportuna de la acusación penal en esta clase de ilícitos.
Que a partir de ello se advierte no sólo la conveniencia de que exista
una Fiscalía orientada a intervenir únicamente en este género de
ilicitudes penales, sino también la importancia de que dicha Fiscalía
sea dotada de apoyo técnico y de personal especializado que pueda
afrontar con éxito estos objetivos institucionales del Ministerio
Público Fiscal.
Que la instauración de una unidad específica de estas características
resulta imperativa no sólo para hacer frente a las tradicionales
atribuciones de la justicia local, sino atendiendo muy particularmente a
las implicancias que tienen para ella las disposiciones de la ley Nº
24769 (modificada por la ley Nº 26735) donde se le establece una nueva
órbita de incumbencia en materia penal relativa a infracciones
tributarias de orden provincial.
Que el art. 81 del nuevo ordenamiento procesal penal, consagra un
principio fundamental orientado a la efectividad del accionar del
Ministerio Público Fiscal, cuando indica que en lo atinente a la
competencia material de los órganos que lo componen debe tomarse en
cuenta las necesidades de cada jurisdicción y la especialización en la
persecución penal; aspecto éste que guarda concordancia con el art. 82
de ese cuerpo legal donde se indica que corresponde al Procurador
General de la Provincia dictar reglamentos estableciendo con criterio de
especialidad, la materia que cada una de las fiscalías debe atender.
Por ello;
El Procurador General de la Provincia
R E S U E L V E:
I. Dejar establecido que la complejidad de los delitos económicos
constituye un criterio de especialización en la actuación de las
Fiscalías Penales del Ministerio Público Fiscal de Salta.
II. Disponer que una Fiscalía Penal con asiento en la ciudad de Salta,
intervenga en las causas por delitos económicos complejos, que se
inicien a partir del 6 de junio del corriente año, conforme con la
reglamentación descripta en el Anexo I de la presente.
III. Establecer que el Sr. Fiscal Dr. Guillermo Akemeier se desempeñe como titular de la referida Fiscalía.
IV. Asignar para que actúe en la Fiscalía Penal de Delitos Económicos
Complejos a la Auxiliar de la Fiscalía Dra. Soledad Romero Nallar.
V. Disponer que el plantel de esta Fiscalía cuente con dos profesionales con especialización en derecho tributario.
VI. Disponer que en las actuaciones en que intervenga la Fiscalía
especializada se confiera obligatoria participación a los profesionales
contadores que integran el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
VII. Aprobar el protocolo de relación con la Dirección General de
Rentas de la Provincia que consta en el Anexo II de la presente.
VIII. Remitir copia de la presente a Jefatura de Policía de la Provincia.
IX. Mandar se registre, notifique y publique la presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Dr. Pablo López Viñals
Procurador General de la Provincia
Dra. Mónica Susana Poma
Secretaria Letrada del Procurador General
ANEXO I
Ambito de actuación
1. Competencia.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos tendrá competencia
territorial respecto de las infracciones penales de orden tributario
provincial previstas en la ley 24769 (modificada por ley Nº 26735)
sancionadas con pena de hasta seis años de prisión que se cometan en el
Distrito Judicial del Centro.
También actuará respecto de los delitos que ocasionen un perjuicio
económico al Estado provincial o a los estados municipales que tengan
ese límite de pena y, en las defraudaciones cometidas en perjuicio de
particulares que presenten especiales dificultades de investigación en
razón de la complejidad de las maniobras ardidosas empleadas o de la
organización de quienes las ejecuten, cuando las infracciones se cometan
en el ámbito del Distrito Judicial del Centro.
En ambos casos su intervención se circunscribirá a las causas que se inicien a partir del 6 de junio de 2012.
2. Facultades de investigación.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos llevará a cabo la
investigación penal preparatoria cuando se trate de infracciones
cometidas en el Distrito Judicial del Centro, a cuyo fin todos los
Auxiliares de Fiscalía que allí se desempeñen quedarán bajo sus
directivas.
Cuando los actos de investigación deban ejecutarse en los Distritos
Judiciales del Norte y Sur podrá encomendar su realización al Fiscal o
Auxiliar o autoridad que se desempeñe en ese ámbito, siempre que no
considere necesario trasladarse para actuar directamente o valerse de un
medio técnico para el desarrollo del acto.
3. Casos especiales y controversias.
La asignación de actuaciones que generen dudas en razón de la
incumbencia material y territorial de la Fiscalía, será resuelta por la
Procuración General de la Provincia.
Estructura
4. Estructura.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos estará a cargo del titular
de una Fiscalía Penal con asiento en la ciudad de Salta, quien contará
con la asistencia de un Auxiliar de Fiscalía.
Asimismo, se integrará con especialistas en derecho tributario y un
plantel de empleados administrativos que, en lo posible, cuenten con
estudios universitarios en las carreras de Contador Público o
Administrador de Empresa.
Reemplazos
5. Recusación, excusación o impedimento del Fiscal de delitos económicos complejos.
En caso de apartamiento por recusación, excusación u otro impedimento
del Fiscal de Delitos Económicos Complejos este será reemplazado del
modo en que resuelva el Procurador General de la Provincia. Si el
reemplazo se produjera durante el trámite de la investigación penal
preparatoria, continuarán con la intervención del Auxiliar y los demás
integrantes de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos que hubieran
venido actuando en la causa.
6. Recusación, excusación o impedimento de Agentes Fiscales del Distrito Judicial del Centro.
Cuando se produjere el apartamiento por recusación, inhibición u otro
impedimento de los Agentes Fiscales del Distrito Judicial del Centro, el
Fiscal de Delitos Económicos Complejos los reemplazará en las causas
que tramiten ante los Juzgados de Instrucción Formal que versen sobre
las infracciones penales de su especialidad.
7. Protocolo de actuación
Al inicio de la investigación la Fiscalía de Delitos Económicos
Complejos otorgará intervención a los contadores del C.I.F. a fin de que
emitan opinión acerca de las actividades probatorias que puedan
desarrollarse para el esclarecimiento del delito de que se trate.
8. Intervención en juicio
El Fiscal de Delitos Económicos Complejos continuará interviniendo en
las causas en que hubiera desarrollado la investigación penal
preparatoria, luego de la remisión de la causa a juicio.
Podrá solicitar al Procurador General de la Provincia su sustitución
por otro fiscal cuando su participación en juicio se viera impedida por
otro deber funcional que avalúe como de cumplimiento prioritario.
9. Actuación conjunta.
Actuará conjuntamente con el Fiscal de Impugnación o el Fiscal ante la
Corte bajo sus directivas, por decisión del Procurador General de la
Provincia, cuando la importancia del caso lo aconseje.
10. Protocolos.
El Fiscal de Delitos Económicos Complejos propondrá al Procurador
General de la Provincia la aprobación de protocolos de investigación en
materia de su competencia.
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