REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y NULIDAD DEL ALLANAMIENTO DE DOMICILIO BASADO EN DATOS CONFIDENCIALES

El allanamiento del domicilio es una medida de coerción procesal que suele adoptarse en el proceso penal con la finalidad de obtener el secuestro de bienes que pueden servir de prueba en el caso concreto. Así, por ejemplo se puede ordenar el allanamiento de un domicilio para la búsqueda y secuestro de sustancias estupefacientes, de un arma con la que se hubiere cometido un delito violento, o de documentos que tienen aptitud para incriminar a una persona determinada en maniobras defraudatorias o de falsedad de documentos.

Como se encuentra en juego el derecho a la inviolabilidad del domicilio particular, la cuestión aparece regulada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, el que establece que “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

Esta ley a la que se refiere el texto constitucional es, en la mayoría de los casos, el Código Procesal Penal.

Al respecto, el Código Procesal Penal de la Nación prevé en su artículo 224, en cuanto aquí nos interesa que

“Si hubiere motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación del delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará por auto fundado el registro de ese lugar”.

Por su parte, el Código Procesal Penal de Salta, regula la cuestión en el artículo 213, al establecer que

“Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de una persona sospechada de criminalidad o evadida, el Juez ordenará por decreto fundado, el registro de ese lugar”.

De este modo proceden todas las legislaciones procesales del país, requiriendo para la procedencia del allanamiento de un domicilio que el mismo sea ordenado por “auto fundado”.

Ahora bien, en este post intentaremos explicar en qué consiste ese recaudo de auto fundado, que no es otra cosa que la exigencia de que la orden de irrumpir en un domicilio particular sea otorgada bajo fundamentos suficientes.

Ello lleva a concluir que no es la sola voluntad del Juez Penal –o, en su caso del Fiscal- la que determine la procedencia de una orden de allanamiento, sino que la misma debe encontrarse fundamentada en las constancias de la causa, de las cuales debe surgir la existencia de motivos suficientes para presumir que en el domicilio a allanarse se encuentran las cosas que pretenden ser secuestradas.

Precisando aún más el concepto, la jurisprudencia ha resuelto que

"La ley procesal autoriza el registro domiciliario cuando hubiere motivos para presumir que en él existan cosas pertinentes al delito y requiere que haya una orden de juez por auto fundado (art. 224 cód. procesal penal). Este requisito, aunque no supone una comprobación cabal y cierta, exige una neunciación expresa de las razones objetivas que puedan hacer al convencimiento del juez, sin que baste con la aseveración de este último de su convicción subjetiva, pues es el criterio ponderado del magistrado y no su apreciación discrecional lo que permite hacer excepción a la garantía de inviolabilidad del domicilio".

"Corresponde declarar la nulidad del auto que dispone el allanamiento y la incautación que resulta de la orden inválida (arts. 167, 172 y 224 del cód. procesal penal), ya que el único motivo a que alude la orden es la solicitud de los funcionarios policiales, en la que se limitan a requerir el allanamiento de determinadas oficinas de la zona céntrica de la ciudad por tener conocimiento confidencial de que una firma del ramo de administración de propiedades estaría evadiendo todo tipo de impuestos tributarios sin dar ninguna explicación ni otros detalles". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de Capital Federal, Sala A, "Incidente de Nulidad de Allanamiento", Causa Nº 36.274, 17 de octubre de 1996, EDJ9079).

Es decir que, el conocimiento confidencial del oficial que solicita la orden de allanamiento no puede ser tenido como motivo suficiente para fundamentar su expedición.

Esta supuesta confidencialidad es puesta de manifiesto por oficiales de la Prevención Policial sobre todo en causas vinculadas a infracciones a la ley de estupefacientes, las que suelen derivar en procesos complejos con personas detenidas a las cuales, en muchas ocasiones, se les deniega la posibilidad de acceder a la excarcelación. De allí la importancia de conocer los alcances del recaudo de fundamentación a la hora de cuestionar un procedimiento inicial sin el cual no hubiera existido imputación alguna.

Distinta es la situación cuando existen tareas de inteligencia autorizadas judicialmente con carácter previo a la solicitud de orden de allanamiento, pues de dichas tareas puede surgir evidencia que ponga de manifiesto la necesidad de allanar un domicilio determinado.

En tales casos el allanamiento será válido en la medida que sea también válida la autorización para llevar a cabo tareas de inteligencia, puesto que si ésta ha sido obtenida fraudulentamente o sin que existan fundamentos suficientes, puede declararse su nulidad, lo que acarreará también la nulidad del allanamiento llevado como consecuencia de dichas tareas de inteligencia.

En otros posts delinearemos los restantes requisitos de validez de la orden de allanamiento.

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